Sector aeronáutico

El sector aeronáutico es uno de los grupos industriales más afectados en la coyuntura actual. La crisis del Covid ha frenado la movilidad de personas y mercancías y la facturación de las aerolíneas ha caído más de un 50%. Además, es previsible que la movilidad tardará en recuperarse, por el Covid, más que la economía general. Airbus y otros grandes fabricantes han experimentado una caída de la actividad de un 40%, arrastrando a toda la cadena de valor del sector.

Esta crisis se añade al proceso de renovación tecnológica, en el que está inmerso el sector por la descarbonización obligada de las nuevas aeronaves, que afecta a la adaptación de nuevos combustibles (pilas, hidrógeno...). En España el sector aeronáutico, además de las filiales de Airbus, dispone de tres empresas Tier1 como Aernnova, con sede social en el País Vasco; Aciturri, con plantas en el País Vasco; e ITP, empresa de origen vasco y ahora propiedad de Rolls Royce, y una nutrida cadena de valor. El sector genera en España un 1,7% del PIB, un 1,1% del empleo y un 13,4% del gasto total en I+D+i. Es decir, se trata de un sector del máximo interés tecnológico que está viviendo una coyuntura en la que coinciden una caída de sus ingresos y resultados con una necesaria revolución tecnológica que va a requerir de una importante movilización de recursos.

En consecuencia, el sector se encuentra ante el dilema de una caída de actividad que le obliga al ajuste de sus plantillas y por otro lado ante las exigencias de un cambio tecnológico que para abordarlo requiere del personal cualificado de que hoy disponen sus empresas. Para hacer frente a una situación similar el Gobierno francés, además de las medidas de resistencia tanto financieras como de apoyo al empleo, ha diseñado un Plan Aeronáutico para apoyar: la transformación productiva, la digitalización y robotización, el desarrollo de I+D+i necesario para la descarbonización y los fondos propios de la cadena de valor. Un sector que factura 4 veces lo que factura en España dispondrá de 2.800 millones de euros para 3 años.

En tiempos de cogobernanza sería bueno que Gobierno Central y autonomías afectadas se pongan manos a la obra. El futuro del sector está en juego.

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