Una crisis como la que estamos viviendo, con una caída del PIB cercana al 11%, tiene consecuencias devastadoras sobre la capacidad del tejido económico para reconstruirse. Si, además, viene acompañada por una recuperación reticente, es imposible dejar de advertir que un montón de empresas tienen sus días contados y otro montón lo va a pasar muy mal, a menos que se les proporcionen ayudas extraordinarias, parte de las cuales tienen que proceder de los concursos de acreedores a los que se van a enfrentar. No es ninguna broma.

El Banco de España calcula que entre un 6% y un 10% de las empresas españolas están abocadas al cierre porque, además de no poder hacer frente a sus obligaciones, tampoco serán rentables en próximos años. Otro grupo de empresas, entre un 15 y un 20%, son catalogadas de insolventes, porque sus resultados futuros no les permitirán afrontar sus deudas. Todo apunta a una cascada de insolvencias, y anticipa graves problemas para el sistema bancario. A menos que se arbitre un procedimiento concursal más atento al espíritu de la ley (preservar la supervivencia de la empresa), se puede producir un desastre que se lleve por delante no sólo a las empresas señaladas por el Banco de España, por irrentables o insolventes, sino muchas otras que podrían tener futuro.

Pero para ello es necesario que la ley sea más ágil y su tramitación más económica, y que las condiciones de los acuerdos sean más generosas, sobre todo en plazos y quitas. Finalmente, es del todo impresentable que un país que ha visto desaparecer miles de empresas siga sin incluir las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en las mismas condiciones que el resto de los acreedores. Aunque su única razón de ser, aquello que les da de comer, sus fuentes de riqueza, sirva para mantener al sector público en marcha.

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