Si no fuera porque conocemos a nuestros políticos, las líneas maestras de la supuesta reforma del sistema de pensiones serían incomprensibles. Seguirá siendo el ejemplo más evidente de la insostenibilidad de una parte decisiva del estado de bienestar, incapaz de corregir una deriva que dentro de muy poco tiempo devendrá en agujero monumental capaz de arrastrar consigo el Presupuesto público de un Estado cuyo nivel de endeudamiento revela hasta qué punto ha ido demorando el momento de la verdad.

Todo un agravio generacional. Ni se ha retrasado la edad de jubilación, ni alargado el período de cálculo de la pensión, ni castigado la jubilación anticipada, ni tenido en cuenta el alargamiento de la esperanza de vida, ni reducido el índice de sustitución. Para colmo, se vuelve a indiciar las pensiones con el IPC por lo que nos viene a los labios la pregunta obvia: ¿y cómo piensan pagar la factura? Seguramente, con más impuestos.

Como los políticos españoles son incapaces de tomar medidas impopulares, y la reforma de las pensiones sin duda lo es, dejan que el problema se pudra de manera que los ciudadanos finalmente lleguen por sí mismos a la conclusión de que no hay más remedio que hacer lo inevitable: recortar la excesiva generosidad del sistema. Con un Déficit público de unos 108.000 millones de euros (123.000 millones en 2020) y una Deuda pública en el 125 por ciento del PIB, el momento de la verdad se va acercando a pasos agigantados. Para vergüenza de la clase política sin excepción y pánico de unos ciudadanos que no se enteran de nada salvo cuando es demasiado tarde.

Ah, y para bochorno de la Comisión Europea, capaz de conceder los fondos next generation con semejante contrarreforma.

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