A las Administraciones Públicas no les acaban de cuadrar las cuentas, y andan creativas en los temas fiscales. Por ejemplo, para cuadrar Ingresos y Gastos en 2022 en los Presupuestos Generales del Estado se ha incluido, entre otras medidas, fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades sobre base imponible para grandes empresas y multinacionales. Es decir, aunque estas empresas acumulen desgravaciones por mayor importe, solo podrán aplicarlas a ese límite. España se adelanta con ello al acuerdo internacional de la OCDE, el G7 y el G-20, que previsiblemente se ratificará a finales de octubre en Roma, que apunta en esta misma dirección. Así que, aunque Euskadi y Navarra tengan un sistema foral propio gracias al Concierto y al Convenio, tendrán que decidir qué hacer con este tema, antes que después. No voy a entrar en reflexiones sobre política fiscal, y la distribución más adecuada de la presión entre los contribuyentes (ciudadanía y empresas). Es una cuestión que tiene muchas aristas. Tampoco voy a entrar en lo que opino sobre la política de incremento de gasto público, o del nivel de endeudamiento y presión fiscal que generan esas decisiones. Ya habrá tiempo de todo ello. Pero sí me parece importante recordar que, entre las desgravaciones fiscales, se encuentra la relativa a las actividades de I+D+i. En la práctica, el establecimiento del tipo mínimo del 15% supone reducir 10 puntos porcentuales el actual importe máximo de deducción a aplicar sobre la cuota íntegra por la realización de actividades de I+D+i.

Efecto en pymes y start-ups

Esta medida afecta también de rebote a las PYMES y Start-ups que han venido “vendiendo” sus cheques fiscales a grandes empresas (gracias al marco que permite la monetización de estas desgravaciones). Así que esta medida, si no se aplica con un poco de cuidado, puede ser lo que se viene a describir habitualmente como “pegarse un tiro al pie” de los incentivos al I+D+i. Y los números de la inversión privada en I+D en el estado no están como para muchas alegrías… Según la última Estadística publicada por INE, las empresas asumieron la mayor parte (un 55,6%). Aunque eso supuso en 2020 el 1,41% del PIB, frente al 1,25% de 2019, la mejora ha sido consecuencia de la caída extraordinaria del Producto Interior Bruto por la pandemia en 2020. Y a pesar de esta mejora, esta cifra se mantiene muy alejada de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretende alcanzar el 2,12% del PIB español en 2027 (por no hablar de objetivo del 3% que la Unión Europea marcó para 2010, luego para 2020 y ahora para 2030…).

Recomendaciones del comité de expertos

Por fortuna, estamos a tiempo de evitar estos problemas, porque en febrero será cuando se pronuncien los 17 expertos que forman parte del comité designado por el Gobierno para analizar y abordar una reforma fiscal en España, y el Ministerio de Hacienda a dicho que tendrá en cuenta sus recomendaciones, así como las directivas internacionales que se deriven de los acuerdos de la OCDE (sobre los que la Unión Europea probablemente se pronuncie en 2023). Habría muchas formas para proteger la inversión en I+D, y también para mejorar en la práctica los incentivos tanto directos como los del “cheque fiscal” (que en muchos casos se quedan en papel mojado, porque hay muchos vendedores y pocos compradores, o porque conseguir la desgravación en ocasiones es una carrera de obstáculos). Es cuestión de voluntad, y de escuchar un poco a las empresas. Ya he mencionado que Euskadi y Navarra gozamos de un marco fiscal diferenciado, y haríamos bien en “blindar” estas medidas de apoyo al I+D, porque las multinacionales tienen la curiosa costumbre de decidir llevar la localización de sus actividades a los territorios en los que cuentan con un marco más favorable. El fiscal es uno de los criterios, aunque no el único, pero merece la pena puntuar en todas las casillas, que la competencia por los centros de I+D globales es intensa, y no tiene pinta de que vaya a ir a menos en estas próximas décadas…

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